Venezuela es un país cuyo sistema financiero ha quedado desconectado del mundo global, donde además el financiamiento a hogares y empresas es prácticamente inexistente. No obstante, la variable más crítica que determinará el curso de la economía venezolana en los próximos meses será la decisión del gobierno de Donald Trump de eliminar las licencias petroleras que se mantenían desde 2022.
En noviembre de 2022 los gobiernos de EEUU y Venezuela acordaron, tras la reanudación del diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana en México, aliviar algunas sanciones a Venezuela, permitiendo a la empresa Chevron retomar parcialmente sus operaciones de extracción de petróleo en el país.
Adicionalmente se firmó el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, con el objetivo principal de recuperar recursos del Estado venezolano bloqueados en el sistema financiero internacional. Esto incluye la recuperación de aproximadamente 2.700 millones de dólares congelados debido a las sanciones estadounidenses.
También se estableció un consenso para continuar las conversaciones centradas en las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024.
Leonardo Vera, Ph. D. en Economía en University of East London y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Venezuela, sostiene que “los socios de PDVSA bajo el cobijo de licencias o cartas de conformidad aportan hoy cerca del 30% de la producción de crudo y contribuyen con cerca de 230 millones de dólares mensuales al mercado cambiario”
Desde su perspectiva el impacto de la no renovación de las licencias y de regreso de las sanciones sobre las empresas estadounidenses que operan en el país será masivo (…) Ese escenario, cambia decisivamente la trayectoria que podrán tomar los ingresos externos de origen petrolero, el aporte fiscal que hace la industria de los hidrocarburos al sector público, la presión tributaria que se ejerce sobre la actividad no petrolera y la oferta de divisas en el mercado cambiario, la presión sobre el tipo de cambio, la tasa de inflación interna, el poder adquisitivo de la población, y, desde luego, la tasa de crecimiento de la economía”.
Vera indica que la salida de Chevron de Venezuela lleva el escenario de la economía venezolana “a un escenario sombrío (…) significará un retroceso en la producción y comercialización de crudo e implicaría vender crudo con descuento en Asia”.
El efecto de estas acciones sería evidente porque se generaría “menos aporte fiscal desde la actividad, generando un gran agujero en el mercado de divisas y presiones monetarias, cambiarias e inflacionarias”.
Desde su perspectiva, todos los eventos presumibles después del endurecimiento de las sanciones generarían “un cocktail de acontecimientos verdaderamente aterrador en un país que se mueve desde hace 5 meses en una grave crisis cambiaria e inflacionaria y sobre el cual se pretende imponer una reforma constitucional de alcance y contenido desconocido”.
Maduro deberá vender petróleo en el mercado negro
Impedir que Chevron exporte petróleo desde Venezuela provocará que el gobierno de Maduro deba recurrir a la venta de crudo a través de intermediarios con importantes descuentos.
La consultora Barclays Capital advierte en un informe enviado a sus clientes que los descuentos que tendría que hacer Maduro para poder vender petróleo fuera del mercado estadounidense podría suponer una pérdida de 1.500 millones de dólares.
Para la consultora la eliminación de las licencias puede provocar que el tipo de cambio, que actualmente es de 78 bolívares por dólar en el mercado paralelo, podría dispararse hasta 100 bolívares por dólar en el primer trimestre de este año.
Por otra parte, el economista Francisco Rodríguez quien sostiene que el complejo debate sobre las sanciones “requiere no solo evaluar sus efectos colaterales, sino también analizar cómo estas afectan los incentivos de los actores en el poder. Lo fundamental es que esta discusión se base en una evaluación objetiva y rigurosa de la evidencia científica (…) la evidencia hasta ahora publicada indica que las sanciones han tenido efectos negativos significativos sobre las condiciones de vida de los venezolanos”.