Activistas, líderes sociales y ciudadanos de a pie en Venezuela no se atreven a hablar públicamente sobre la situación del país por miedo a ser arrestados por las fuerzas del orden , que ha recrudecido la represión y las detenciones de quienes se expresan en contra del gobierno, a un mes de las disputadas elecciones presidenciales de julio.
El blanco de la persecución dejó de limitarse a dirigentes políticos o miembros de la prensa, y se amplió a otras esferas: residentes de zonas populares, testigos electorales o cualquier persona que exprese dudas sobre los resultados oficiales de los comicios que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro, pero que la oposición considera fraudulentos.
Más de 2.400 personas, entre ellas al menos 100 adolescentes, fueron detenidas en menos de dos semanas, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos. Las detenciones –muchas documentadas en video— han ocurrido en el contexto de las protestas contra los resultados electorales.
“Hemos visto maldad pura”, dijo a la Voz de América una venezolana quien asegura que personas con el rostro cubierto fueron a buscarla a su vecindario. La mujer pidió no revelar su identidad por miedo a mayores represalias.
Los detenidos están siendo trasladados a cárceles de máxima seguridad.
“Tocorón y Tocuyito. Tengo listo Tocorón y los voy a meter en Tocorón a toditos”, dijo Maduro en referencia a nombres de prisiones venezolanas, mientras calificó de “terroristas” y “fascistas” a quienes participaron en manifestaciones para denunciar fraude en las elecciones que, de acuerdo con las actas que conservaron testigos de la oposición, habría ganado el candidato Edmundo González Urrutia.
La “nueva normalidad”
Las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias pasaron a ser «la nueva normalidad” en Venezuela, afirma Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas del país, que expone cómo el gobierno de Maduro ha intensificado la “Operación Tun-Tun”, término acuñado por altos miembros del gobierno.
El “Tun-Tun” se resume, de acuerdo con familiares de quienes lo han vivido, en la “visita” de miembros de las fuerzas de seguridad a viviendas de opositores, dirigentes sociales y manifestantes para allanarlos o arrestarlos con o sin órdenes judiciales. Su nombre hace alusión al sonido que produce tocar una puerta con los nudillos.
“Que te toquen la puerta y te digan que te van a llevar porque a ellos les da la gana, porque fuiste testigo de una mesa, porque tú trabajaste por tu país; eso me da miedo, ¡que me lleven nada más porque trabajé por mi país!”, expresó a la VOA una ciudadana que también pidió no ser identificada por miedo.
Según Provea, estos no son hechos aislados, sino que se “corresponden a una política de Estado (…) En el país se ha configurado una serie de patrones represivos que se afianzan y producen cada vez más víctimas”.
Para muchos venezolanos, parte de la “nueva normalidad” implica borrar de los teléfonos móviles fotografías o mensajes que puedan ser considerados críticos contra el gobierno, por temor a que, pese a ser ilegal sin orden judicial, funcionarios de las fuerzas de seguridad puedan revisarlos en un puesto de control y usarlos como excusa para extorsionarlos o enviarlos a la cárcel.
Tras las elecciones, el gobierno de Nicolás Maduro arreció los bloqueos a portales digitales, restringió la plataforma X, y ha instado a sus simpatizantes y empleados públicos a eliminar la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, debido a supuesta información “terrorista” que se comparte en la red.
WhatsApp es usada por el 93 % de quienes tienen internet en el país, de acuerdo a ciberactivistas.
El “intento deliberado” de control de información del Estado ha generado una “asfixia” para periodistas y ciudadanos, dijo a la VOA Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
“La libertad de prensa, la libertad de expresión y los derechos humanos están recibiendo golpe tras golpe, en una situación de represión que ya ha excedido cualquier límite”.
La censura mediática y la limitación de acceso a la información en Venezuela han sido rigurosamente documentadas por organizaciones internacionales en al menos la última década.
Desde el 2004 hasta este 2024, unos 405 medios (radio, periódicos y televisoras) han sido cerrados por el gobierno venezolano, de acuerdo con datos del Colegio Nacional de Periodistas.
“No somos terroristas, somos periodistas”
Al menos 12 trabajadores de la prensa permanecen tras las rejas en Venezuela, de ellos nueve fueron arrestados tras las elecciones del 28 de julio y cinco han sido acusados de delitos de terrorismo e instigación al odio, lo que puede acarrear la máxima pena en el país: 30 años de cárcel. Todos los casos son considerados arbitrarios y en ellos se ha impedido acceso a la defensa privada.
“Creemos que esta escalada va a seguir incrementándose. Creemos que esto busca dar castigos ejemplarizantes, someter a la población a una especie de miedo colectivo, de más censura y autocensura de la que ya hoy existe en los medios”, lamentó Delvalle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas.
En el contexto actual, periodistas y corresponsales internacionales han expresado sentir temor y ansiedad, no sólo por su integridad física o la de sus familiares, sino por los obstáculos que deben sortear para hacer su trabajo.
“Las restricciones e interferencias al trabajo de la prensa ya era el común denominador del régimen de Nicolás Maduro, pero estamos viendo que ahora la situación ha alcanzado límites hasta hace poco insospechables y es de una gravedad extrema”, zanjó el director de la SIP.
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