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Al cumplirse el octavo aniversario de la firma del histórico acuerdo de paz en Colombia, con el que se puso fin a más de cinco décadas de conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la construcción de la paz sigue siendo un desafío complejo.
Si bien persisten las esperanzas de la población civil, la comunidad internacional y el gobierno, también crecen las preocupaciones ante la violencia que no ha cesado.
En esa dicotomía vive Karen Pineda, exmiliciana en las FARC y firmante del acuerdo, fundó un emprendimiento de camisetas y otros artículos con los 1.800 dólares que entregó el Estado a quienes abandonaron las armas.
El acuerdo, dice, fue una oportunidad de cambio y le ha permitido continuar con sus estudios en pedagogía, sin embargo también tiene un lado oscuro por las muertes de varios firmantes.
“Para nosotros ha sido muy complejo ver cómo nos están asesinando”, dijo Pineda, de 32 años, a AP. “Muchas veces por pertenecer al partido político (de los excombatientes) nos volvemos objetivo militar de otras organizaciones armadas”, explicó.
La violencia ha perseguido a los exguerrilleros de las FARC que se mantienen en la legalidad y representa uno de los principales retos para su continuidad. Según la Misión de la ONU, desde 2016 hasta septiembre de 2024 han sido asesinados 432 firmantes de paz, entre ellos 11 mujeres y 56 indígenas.
El espacio de poder que dejó las FARC al entregar las armas fue rápidamente ocupado por otros actores armados, entre ellos grupos disidentes de las FARC que se negaron a firmarlo o desertaron, especialmente en zonas con baja presencia estatal. Los ilícitos como el narcotráfico y la minería ilegal son el motor de los armados.
Ante una creciente violencia, el actual gobierno del izquierdista Gustavo Petro abrió nuevos procesos de paz con disidencias y con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, la última activa en el país, con avances modestos y constantes crisis.
Para Rodrigo Londoño, quien fuera último máximo comandante de las FARC, la cabal implementación del acuerdo de 2016 está estrechamente ligada al posible éxito de otros procesos con actores armados: “Si no se implementa este acuerdo, cuente con que no habrá oportunidad para acordar otros”, advirtió a Petro el jueves, durante el evento de conmemoración de la firma del acuerdo celebrado en Bogotá..
Entre tanto, la población civil continúa siendo afectada en el país al verse atrapada en el medio del conflicto.
Desde 2016, cuando se firmó la paz, han sido desplazadas 1,5 millones de personas, impulsadas principalmente por razones de seguridad como amenazas, combates armados, despojo de tierras y minas antipersonales, según advirtió el jueves el Consejo Noruego para Refugiados en un comunicado (NRC).
“Si el desplazamiento fuera un termómetro de la paz, la salud de Colombia estaría fallando”, señaló Giovanni Rizzo, director de país de NRC en Colombia.
Luisa Fernanda Montaño, víctima de los grupos paramilitares en el conflicto armado, ha salido desplazada dos veces de su tierra en el Magdalena Medio, una zona históricamente disputada por grupos ilegales. La última hace un año, tras denunciar la apropiación de baldíos del Estado por parte de terceros.
“Me da miedo que me maten, pero estamos en la lucha de la mano de dios”, dijo Montaño a la AP.
Tras ser víctima de desplazamiento en 2010 por parte de los paramilitares —que combatían a las guerrillas de izquierda—, se unió al partido político Comunes, fundado por los excombatientes de las FARC, a pesar de que ella no perteneció a sus filas.
“Soy víctima del conflicto y me uní a los firmantes de paz. Gracias a ellos nos han ayudado como víctimas, nos acogieron… y podemos seguir luchando porque se entreguen tierras a los campesinos”.
Colombia sigue siendo un ejemplo en la solución de conflictos, en medio de la incertidumbre global, por las dos guerras que se libran, como lo ha resaltado la ONU. Pero al interior del país, el fin de las FARC no ha significado el fin de los conflictos armados y persisten retos en la puesta en marcha de lo acordado.
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“Muy pocos acuerdos de paz en el mundo llegan al octavo año de implementación, celebremos este importante hito y no cejemos en el empeño”, dijo el jueves Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas, en un mensaje difundido a la prensa.
La secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, Rosemary A. DiCarlo, estuvo presente en Bogotá durante el evento conmemorativo del acuerdo y alentó al país a continuar en el esfuerzo de buscar la paz.
“Ustedes están escribiendo una historia diferente, una historia sobre la expansión de la paz y la inclusión, una paz amplia y duradera que aunque no se ha logrado aún, sigue estando a su alcance», dijo.
Londoño, actual presidente del partido político de excombatientes, agradeció a la comunidad internacional el respaldo al proceso de paz y pidió que continúe: “Sin su constante e invaluable apoyo no hubiéramos llegado hasta aquí. Sabemos que no nos van a dejar solos”.
Para el actual gobierno la puesta en marcha de lo acordado con la antigua guerrilla en 2016 ha tenido una ejecución lenta, por lo que considera que el tiempo corre en contra y no alcanzará a desarrollar todo lo contenido en el acuerdo de paz para 2030, así que presentará un proyecto al Congreso para que lo extienda hasta 2038.
Petro, que puso en marcha un plan de respuesta rápida que busca impulsar la implementación de las partes del acuerdo que faltan por concretarse, aseguró que es una obligación del Estado — y no sólo del gobierno de turno— cumplir el acuerdo, pero reconoció que eso no ha ocurrido.
“No permitió con suficiente contundencia la aplicación, la concreción del proceso de paz en la realidad”, dijo Petro en referencia al gobierno que lo precedió. “Y por eso hay temas que están lejos del cumplimiento”, señaló sobre la rezagada entrega de tierras a campesinos, pues tras ocho años solamente se han entregado 300.000 hectáreas, de los tres millones que se proyectaron en 2016. El mandatario prometió doblar esa cifra.
El mandatario reiteró su propuesta de que haya un único tribunal capaz de juzgar a todos los actores del conflicto armado interno y de incluir a civiles que estuvieron vinculados, como políticos, dado que en la actualidad existe uno para los crímenes de la extinta FARC y otro para los grupos paramilitares que también dejaron las armas.
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