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MANAGUA – El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó ante la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, un proyecto para reformar la Constitución, que amplía en un año el mandato presidencial y le permite arrogarse más competencias, como «coordinador» último de los poderes legislativo y judicial.
Los cambios, que formalizarían también a su esposa Rosario Murillo como «copresidenta», afectan a más de un centenar de artículos de la Carta Magna y, por ejemplo, establecen la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como un símbolo oficial de Nicaragua. Las reformas afianzan la dictadura familiar que se identifica como socialista.
La propuesta, que aumenta el mandato presidencial de cinco a seis años, será votada en la Asamblea Nacional, bajo control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), en los próximos días. «Se está trabajando para la pronta aprobación», según la prensa oficialista.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua durante la primera dictadura sandinista en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, desde cuando gobierna al lado de su esposa. Ambos son señalados por Estados Unidos, la Unión Europa y algunos países de América Latina de instaurar una autocracia en el país. Informes de organismos de derechos humanos revelan que durante el actual régimen sandinista se han cometido crímenes de lesa humanidad, igual que sucedió durante el primero (1979-1990).
Màs poder a la esposa de Ortega
La reforma confirma el poder que ya tiene Murillo, al elevar su rango: «La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta», que se elegirán en comicios «cada seis años», no cinco como actualmente, de acuerdo con el texto.
Los copresidentes coordinarán «a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales», que la Constitución vigente reconocía como independientes.
La reforma «consolida lo que hemos avanzado en este proceso revolucionario de todos los nicaragüenses», afirmó Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, gobernada por el sandinismo, ante los diputados, que analizarán el texto en una comisión especial.
El régimen izquierdista ha ejercido en los últimos años la represión contra la oposición política y las organizaciones de la sociedad civil que no consideraba afines. Con la reforma en ciernes, se reserva por ley el derecho a expulsar a cualquier funcionario público, reseñó el diario La Prensa.
Todos los funcionarios «deberán cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución Política», una consideración que abriría la puerta al cese de cualquier persona que no sea percibida leal con los intereses del régimen de Ortega.
Control social
La reforma consigna que a los que el régimen sandinista considere «traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense», tal y como ha hecho la dictadura con unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales y religiosos que fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su ciudadanía tras las protestas de 2018.
La dictadura bicéfala acusa a la Iglesia, periodistas y oenegés de haber apoyado las manifestaciones en su contra en las que murieron 300 civiles, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
La propuesta establece controles para los medios y la Iglesia para que no respondan a «intereses extranjeros».
Otra iniciativa de ley, presentada en paralelo a la reforma constitucional, amenaza con multas y suspensión de operaciones a quienes apliquen sanciones extranjeras.
«El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas», subrayó.
Además, «al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público», agrega el texto.
La OEA «rechaza y repudia» la reforma constitucional
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, rechazó y repudió la iniciativa para reformar la Constitución presentada por el régimen nicaragüense.
Almagro denunció que «el dictador nicaragüense y sus aliados «buscan», a través de estas modificaciones, incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder. «El documento de la ‘reforma’ es ilegítimo en la forma y en el contenido», advirtió.
Asimismo, Almagro señaló que esta reforma «constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de derecho democrático».
el jefe de la OEA sostiene que el pueblo nicaragüense «necesita paz, democracia y respeto a los Derechos Humanos, necesita elecciones auténticas, legítimas, universales y libres (…) el pueblo nicaragüense necesita el fin de la dictadura», concluyó .
FUENTE: Con información de Europa Press
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