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Estados Unidos prohibió el viernes el ingreso a su territorio al excomandante del ejército colombiano general retirado Mario Montoya, alegando pruebas creíbles de su participación en ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Montoya fue incluido en una lista designada de personas sujetas a sanciones estadounidenses, «debido a su implicación en graves violaciones de los derechos humanos», dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.
La Fiscalía General de Colombia anunció en agosto de 2021 que presentaría cargos contra Montoya por su presunta responsabilidad en 104 asesinatos cometidos entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008. Más tarde, un tribunal bloqueó la medida.
Montoya fue comandante del ejército colombiano entre 2006 y 2008, época en la que el ejército luchaba contra los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en medio de un conflicto interno armado que ha dejado más de 450.000 muertos.
Montoya dimitió en noviembre de 2008 en medio de acusaciones de que soldados del ejército ejecutaron a civiles para presentarlos como muertes en combate. El exmilitar, quien está en libertad, negó en el pasado las acusaciones en su contra.
Blinken citó pruebas creíbles de que, durante su mandato, Montoya «estuvo implicado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, que fueron presentadas falsamente como muertes en combate durante el conflicto armado interno de Colombia».
Si bien Montoya se acogió en 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal que surgió del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC, la Fiscalía mantiene la competencia de casos relacionados con el conflicto armado ocurridos hasta el primero de diciembre de 2016, siempre que no se tomen decisiones de fondo.
La JEP reveló que al menos 6.402 personas fueron asesinadas por efectivos militares y presentadas falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008, durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe. Pero grupos de derechos humanos aseguran que la cifra de víctimas podría ser mayor.
Decenas de oficiales del ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinario a cambio de verdad, justicia, reparación y no reparación.
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