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El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, aprobó el viernes una reforma constitucional que somete a los poderes del Estado al Ejecutivo, aumenta el control de los medios, amplía el período presidencial a seis años y crea los cargos de copresidente y copresidenta.
El paquete de reformas, enviado el martes al Congreso por el presidente Daniel Ortega con «carácter de urgencia», fue aprobado en primera legislatura con el voto de la mayoritaria bancada sandinista.
Según la Constitución nicaragüense, las reformas a la Carta Magna deben ser aprobadas en dos períodos legislativos antes de que entren en vigor. La actual legislatura finaliza en diciembre y la siguiente inicia el 10 de enero de 2025, cuando la reforma quedaría aprobada de forma total, estimó el presidente del Parlamento, Gustavo Porras.
La oposición ha dicho que la iniciativa legaliza «el poder absoluto» de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y la Organización de Estados Americanos (OEA) ha acusado a la pareja presidencial de intentar «incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder».
Otro cambio relevante es la creación de las figuras de «copresidente» y «copresidenta», así como el aumento de cinco a seis años del mandato presidencial y de los diputados de la Asamblea Nacional. Ortega, de 79 años, ha dicho varias veces que Murillo goza del mismo poder que él al frente del Ejecutivo.
La reforma establece también que «el Estado vigilará que los medios de comunicación no sean sometidos a intereses extranjeros y divulguen noticias falsas». Desde 2020 rige en el país una «Ley de Ciberdelitos», que castiga la difusión de «noticias falsas» con penas de hasta 10 años de cárcel.
Además de definir al Estado como «revolucionario», la reforma faculta a la Presidencia a «ordenar la intervención del Ejército en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera», y autoriza a policías y militares a «ocupar cargos temporalmente en el ámbito Ejecutivo».
Crea también formalmente la Policía Voluntaria, surgida en respuesta a las protestas sociales de 2018, saldadas con más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos, y compuesta mayoritariamente de exmilitares que combatieron a durante la revolución sandinista (1979-1990).
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