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SAN JOSÉ.– En otra decisión que aísla más a Nicaragua, la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció el retiro del país de la Organización Internacional de Migración (OIM) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el argumento de supuesto incumplimiento de sus funciones.
“Incurren en desestabilización e injerencismo”, dijo la vicepresidenta Murillo tras afirmar que es una “decisión soberana e irrevocable”. Dijo que ordenó el cierre de las las oficinas de ambas organizaciones por “interferir en los asuntos internos de Nicaragua”, según reportaron medios.
La medida ocasionó la inmediata reacción de opositores y defensores de derechos humanos nicaragüenses, exiliados en su mayoría, quienes la rechazaron por el impacto que tendrá en la migración y en los derechos humanos, ya vulnerados en el contexto de la dictadura instaurada por la pareja presidencial.
La OIT es una instancia que defiende los derechos de los trabajadores en el cumplimiento de las convenciones laborales
Nicaragua se aísla
Con esta decisión Nicaragua queda prácticamente fuera de las Naciones Unidas, dado que en febrero abandonó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Este viernes, también se salió del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en rechazo al informe que instó a la comunidad internacional condenar las violaciones de los derechos humanos en este país de Centroamérica, gobernado por la pareja desde 2015.
El régimen de Nicaragua avanza aceleradamente en la consolidación de la reforma constitucional que desmonta el Estado y genera leyes ajustadas al poder de Ortega y Murillo, tras cientos de expulsiones y detenciones arbitrarias de opositores y miembros de la Iglesia Católica, lo cual ha encendido alarmas en la región.
Rechazo al retiro de la OIM y OIT
Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó que la decisión del régimen busca trasladar al escenario internacional el poder que ejerce caracterizado por la impunidad total y la falta de fiscalización.
«Con la salida de estas organizaciones internacionales, el régimen está impidiendo que realicen su trabajo en Nicaragua, lo que afectará proyectos de asistencia, especialmente en el contexto de la crisis migratoria generada por los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos”, dijo Arce en declaraciones recogidas en medios nicaragüenses.
El defensor de derechos humanos explicó que el cierre de las oficinas de ambas organizaciones internacionales constituye un obstáculo, especialmente para la OIM que avanzaba en proyectos importantes para la población ante los cambios en las políticas migratorias de EEUU.
“En este momento nos enfrentamos a la mayor crisis migratoria en historia de Nicaragua», dijo Arce.
Otra de las denuncias de defensores de derechos humanos es la promulgación de una Ley de Identificación Ciudadana que obliga a residentes a inscribirse y tiene rangos para los recién nacidos.
FUENTE: Con información de laprensani.com; 100noticias.com
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