El Gobierno de Maduro calificó este viernes como «ridícula maniobra» y «absurda farsa» las declaraciones del gobierno chileno ante la Corte Penal Internacional (CPI) en relación al caso del teniente venezolano Ronald Ojeda, asesinado en Chile en febrero de 2024.
En un comunicado, la Cancillería venezolana acusó a Chile de actuar bajo «la línea política del difunto Sebastián Piñera» y de perpetrar «operaciones de falsa bandera al mejor estilo pinochetista». El texto afirma que la posición chilena «carece de fundamentos jurídicos y demuestra supina ignorancia sobre el funcionamiento del sistema internacional».
«La CPI no es un tribunal para fábulas fantasiosas de imberbes politiqueros ni escenario para montajes mediáticos», señaló el Gobierno, añadiendo que Chile actúa por «órdenes desde EE.UU.» con el objetivo de «erosionar la soberanía» venezolana.
En este sentido, instó a Chile a «ocuparse de sus graves problemas internos», mencionando específicamente «la sistemática violación de los derechos humanos del pueblo mapuche» y «la represión de la protesta social». Venezuela se autoproclamó como «país que puede dar lecciones sobre respeto a los derechos humanos».
Estas declaraciones responden a la visita a La Haya del canciller chileno Alberto Van Klaveren y el fiscal nacional Ángel Valencia, quienes se reunieron con autoridades de la CPI para entregar antecedentes sobre el crimen de Ojeda.
Horas antes de la reunión, Valencia afirmó que las investigaciones en Chile han determinado que el secuestro y homicidio del militar venezolano «no tiene características de delito común», sino que habría sido ejecutado por «una célula asociada al Tren de Aragua por motivaciones políticas».
Chile busca vincular este caso con la investigación que lleva adelante la CPI sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, iniciada en 2018 a solicitud de seis países y que actualmente cuenta con el apoyo de ocho naciones latinoamericanas.
