Un juez federal en Nueva York bloqueó este martes 6 de mayo las deportaciones de inmigrantes venezolanos detenidos en el Distrito Sur de la ciudad, ordenadas por la administración de Donald Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La decisión del juez Alvin Hellerstein, emitida en un fallo de 22 páginas, determinó que la proclamación presidencial de marzo, que acusaba a los migrantes de vínculos con la banda Tren de Aragua, excedía los límites de la ley, al no demostrarse una guerra, invasión o incursión extranjera.
Hellerstein señaló que la Ley de Enemigos Extranjeros solo aplica en casos de guerra declarada o invasión, condiciones que la administración Trump no comprobó. “La Ley de Enemigos Extranjeros no fue invocada válidamente por la proclamación presidencial”, escribió el juez, designado por Bill Clinton. Sin embargo, aclaró que los migrantes aún pueden ser deportados bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, respetando el debido proceso.
El caso fue presentado por dos venezolanos, identificados como GFF y JGO, quienes enfrentaban traslado a un centro de detención en El Salvador. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, celebró el fallo: “El tribunal reconoció correctamente que el presidente no puede declarar una invasión y luego invocar una autoridad de guerra para enviar a individuos a una prisión tipo Gulag sin debido proceso”. Este es el segundo fallo contra la proclamación, tras una decisión similar del juez Fernando Rodríguez en Texas.
Desde marzo, la proclamación de Trump señalaba a los venezolanos mayores de 14 años en situación irregular como “enemigos extranjeros”, alegando que Tren de Aragua, supuestamente dirigida por el gobierno de Nicolás Maduro, realizaba una “invasión” contra EE. UU. Sin embargo, una evaluación del Consejo Nacional de Inteligencia desclasificada en abril desmintió cualquier vínculo entre el chavismo y las operaciones de la banda en territorio estadounidense.
Los asilados denunciaron notificaciones insuficientes y falta de pruebas sobre su presunta relación con Tren de Aragua. Hellerstein criticó los procedimientos como “fugaces” y ordenó notificaciones en inglés y español, además de audiencias justas, para evitar deportaciones arbitrarias al Centro de Internamiento de Terroristas en El Salvador, donde los migrantes podrían enfrentar “abusos y tratos inhumanos”.
