El Centro Carter, una de las pocas misiones de observación internacional acreditadas por el régimen chavista como veedora, confirmó el fraude cometido por Nicolás Maduro, mediante un comunicado publicado la noche del martes 30 de julio, en el que sostuvo que el proceso electoral en Venezuela “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral”, por lo que no puede considerarse “democrático”.
La entidad internacional, que en el pasado respaldó los procesos electorales desarrollados en el país suramericano que otorgaron victorias al chavismo, en esta ocasión aseveró que “no podían verificar o corroborar” la autenticidad de los resultados emitidos por el Poder Electoral venezolano, que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
La organización, con sede en Atlanta, que desplegó 17 expertos y observadores para monitorear el proceso electoral, consideró que el hecho de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados mesa por mesa “constituye una grave violación de los principios electorales”.
El Centro Carter y una delegación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) — otra de las instituciones autorizadas a enviar observadores electorales independientes a la nación suramericana para acompañar el proceso — pidieron a las autoridades venezolanas que publiquen los resultados de las actas de votación de cada una de las mesas electorales.
Maduro, por su parte, desacreditó la postura del Centro Carter al asegurar que un avance del informe final, que se espera sea publicado próximamente, estaba ya escrito desde hace un mes, Además, también alegó que el organismo está controlado por el Gobierno estadounidense.
El CNE, controlado por el régimen, declaró reelecto a Nicolás Maduro para lo cual le atribuyó un 51,95% de los votos. Sin embargo, la oposición mostró el 80% de las actas que conforman la abrumadora victoria del abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) Edmundo González Urrutia, con más de siete millones de votos.
El pasado viernes, el organismo electoral ofreció un segundo boletín oficial, pero a 12 días de la contienda electoral no ha presentado los resultados oficiales desglosados del conteo de los votos, mesa por mesa, violando la ley electoral que, en su código 46, establece que el lapso de totalización es de 48 horas.
Hackeo imposible
En cuanto al presunto hackeo informático por parte de la oposición venezolana al sistema electoral, al que hiciera alusión el presidente del CNE, Elvis Amoroso, y la Fiscalía General venezolana, los especialistas del Centro Carter no encontraron evidencias que confirmaran las versiones de manipulación de las estructuras de la institución, que según el oficialismo, afectó la totalización y publicación de las actas.
Patricio Ballados, subjefe de la misión en Venezuela del Centro Carter, se refirió a la denuncia, en entrevista concedida a la DW radio de Colombia, y afirmó que un ataque vía internet al sistema del Poder Electoral “es prácticamente imposible”.
En sus declaraciones, Ballados indicó también que la cúpula chavista “tenía vías dedicadas únicamente para la transmisión de la data del CNE y eso, unos días antes de la elección, lo ofreció la autoridad como una de las salvaguardas y una de las mayores fortalezas del sistema”.
Asimismo, reiteró las “graves irregularidades” que se presentaron en el proceso electoral y subrayó que es “indispensable” que el CNE presente las actas de las mesas».
TSJ sin transparencia
El miércoles 31 de julio, Nicolás Maduro, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), introdujo un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), otro organismo chavista, para pedir una auditoría que certifique su supuesta reelección, por seis años más, tras los comicios del 28 de julio.
Todo esto, en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición mayoritaria y la comunidad internacional, que han derivado en protestas en distintos estados de ese país, con un saldo de al menos 24 muertos y 1.150 detenidos, bajo la represión de la dictadura.
El Centro Carter, fundado en 1982 por el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter y su esposa Rosalynn Carter, cuestionó la acción y aseguró que el máximo tribunal no ofrece ninguna garantía de transparencia en el peritaje solicitado por la dictadura, que quita al organismo electoral la responsabilidad de mostrar los resultados oficiales que reclama la oposición venezolana.
Jennie K. Lincoln, analista para América Latina del Centro Carter y líder de la delegación que estuvo en Venezuela, en entrevista telefónica con AP, puso en duda que se haga una evaluación independiente. A su juicio, no es más que “otra institución gubernamental que es designada por el Estado para verificar los números de los resultados de las elecciones, que están en duda”.
Lincoln apuntó que Maduro no necesita recurrir al TSJ, sino exigir transparencia al CNE con la publicación y divulgación de los datos que arrojaron las más de 30 mil mesas de votación en todo el territorio venezolano.
“Tienen la capacidad para hacer eso. No necesitan al Tribunal Supremo. Lo que necesitan es cumplir con su deber. Algo que pueden hacer y que han hecho en elecciones pasadas”, agregó.
Las conclusiones del Centro Carter respaldan la postura de más de 20 líderes de distintos países del mundo como Chile, Perú, Uruguay, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Panamá, la Unión Europea y otras organizaciones nacionales e internacionales, que han exigido transparencia a las autoridades electorales y la publicación de las actas que corroboren el resultado del 28 de julio.
A estos se suman los Gobiernos izquierdistas, que han sido aliados de Maduro, de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil; Andrés Manuel López Obrador, en México; y Gustavo Petro, en Colombia, quienes han expresado que la soberanía popular debe ser respetada mediante la «verificación imparcial de los resultados».
Por otra parte, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá declararon a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.
@Lydr05
FUENTE: ENTREVISTA
