El portavoz del Pentágono, John Kirby, apuntó en una rueda de prensa que EE.UU. tiene indicios de que embarcaciones rusas en el mar de Azov están contribuyendo al asalto de la localidad portuaria de Mariúpol con el disparo de proyectiles. Foto de archivo. EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El portavoz de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado este martes que el Gobierno estadounidense planea anunciar este mes otro paquete más de ayuda militar a Ucrania y que, tras ello, habrán agotado todos los fondos destinados por el Congreso para ello y que no serán capaces de enviar más asistencia hasta que los republicanos del Senado voten a favor del mismo.
Además, ha explicado que esta falta de fondos está ocurriendo mientras Rusia incrementa sus ataques con drones y misiles de crucero contra ciudades ucranianas al mismo tiempo que el Ejército ruso “trata de armar una ofensiva terrestre en el este” y que, a pesar de que Kiev sigue “bien armada”, aún necesita la ayuda estadounidense.
“Ucrania sigue necesitando nuestra ayuda. Y ya es hora de que el Congreso actúe para defender la libertad y la democracia en defensa de nuestros propios intereses de seguridad nacional, que están muy en juego aquí”, ha añadido el portavoz.
Por otro lado, Kirby ha admitido la existencia de un “plan B”, que ha sido previamente trazado y por la que la industria militar colaboraría tanto con las autoridades estadounidenses como con las ucranianas para reponer equipamiento militar.
Una parte de los republicanos del Congreso defienden que ese nuevo envío de ayuda a Ucrania debe ir acompañado de nuevas inversiones para controlar la seguridad de la frontera sur con México, cuya situación consideran que es una “catástrofe absoluta”.
El Coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Alex Wong/Getty Images/AFP (Foto de ALEX WONG/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images vía AFP)
Entretanto, la Unión Europea ha adoptado este lunes una nueva tanda de sanciones contra Rusia, la 12ª ronda en respuesta a la agresión militar contra Ucrania, que incluye por primera vez restricciones al sector de los diamantes después de meses preparando este paso que incluye la puesta en marcha de un sistema de trazabilidad para garantizar que no se comercializan diamantes rusos pulidos en terceros países.
En concreto, los Veintisiete dan el paso de prohibir “la importación, compra o transferencia directa o indirecta de diamantes procedentes de Rusia”. La norma se aplicará a partir del 1 de enero de 2024 a los diamantes no industriales originarios de Rusia, pero también a los que exporte o estén en tránsito por Rusia y a los diamantes rusos tallados o pulidos en terceros países.
La prohibición indirecta de la importación de diamantes rusos tallados afectará a joyas que incorporen diamantes originarios de Rusia, una medida de aplicación progresiva desde el 1 de marzo de 2024 y que estará plenamente vigente el 1 de septiembre de 2024. En un comunicado, el Consejo justifica esta medida por la necesidad de desplegar un mecanismo de trazabilidad en Bélgica, que se aplicará a toda la UE, que permita la aplicación eficaz del veto al comercio de diamantes rusos y minimice las perturbaciones en el mercado.
Las sanciones a los diamantes rusos estaban en el punto de mira desde hace meses pero la no UE había actuado todavía por el bloqueo de Bélgica, país por el que circula el 85% del comercio mundial. “Los diamantes rusos no son para siempre. Acojo con satisfacción la adopción del duodécimo paquete de sanciones económicas e individuales contra Rusia, dirigidas a sectores de alto valor de la economía rusa y que hacen más difícil eludir las sanciones de la UE”, ha valorado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
Este paso llega después de los trabajos mano a mano entre la Comisión Europea y Bélgica para contar con un mecanismo que garantice el origen de los diamantes y tras la visita de un equipo técnico del G7 a Amberes a mediados de noviembre para probar este mecanismo. La Comisión Europea ha explicado en un comunicado que este paso forma parte de una acción coordinada que busca cortar una importante fuente de ingresos a Moscú estimada en 4.000 millones.
Con información de Europa Press
