Una mujer compra verduras en un mercado callejero en la comunidad José Félix Ribas en el barrio de Petare en Caracas. (Foto de Federico PARRA / AFP)
La inseguridad alimentaria severa en los venezolanos creció en el 2023 y asciende a 45,2% de la población, lo que equivale a 13 millones de personas. Es decir, casi la mitad de los ciudadanos no dispone de ninguna posibilidad de alimentos y pasan a estar en una situación crítica, indica el más reciente informe de HumVenezuela.
Por Luna Perdomo / talcualdigital.com
Pese a que los datos indican que la disponibilidad de alimentos creció cuatro puntos porcentuales, pasando de 44,4% a 48,4% con respecto a 2022, el bajo ingreso les impide a las familias acceder a estos, pues el salario mínimo que es de apenas Bs 130, equivale a $3,62 a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela del 11 de enero; no alcanza para cubrir la canasta alimentaria que el pasado mes de noviembre se ubicó en $522,01; lo que lleva a las personas a buscar alternativas para sobrevivir y poder adquirir comida.
«Las familias sacrifican todo lo que tiene que ver con salud y con educación para poder comer. Aproximadamente 75% de las familias gasta más de 50% de su ingreso en alimentación, empiezan a vender sus pocos enseres para tratar de compensar el ingreso y comprar ciertos alimentos; lo que hace que la vulnerabilidad de estos hogares sea muy alta», expone Maritza Landaeta, investigadora de estudios de creación de patrones de crecimiento nutricional, planificación y nutrición.
La inseguridad alimentaria expresada en números
91,6% de los hogares utiliza estrategias de sobrevivencia para alimentarse, rindiendo el presupuesto o aumentando la carga laboral.
87,6% de los hogares desmejora la calidad y variedad de los alimentos.
86% de los hogares tiene un presupuesto insuficiente para comprar alimentos.
83,6% no cuenta con cantidades suficientes de alimentos por sus altos costos.
61,9% paga las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para poder alimentarse, aunque estos productos no cumplen con los estándares nutricionales.
41,1% de las familias combina estrategias como sacrificar gastos, extenuar medios de vida o privarse del consumo de alimentos.
En 13,8% de los hogares algún integrante trabaja para que le paguen con alimentos.
Entre 10,3% y 12,3% de los consultados recibe alimentos de donaciones o regalos.
En 9,5% de los hogares algún miembro migró para poder conseguir alimentos.
En 4% de las familias consultadas se compra alimentos vencidos.
En 3,5% de los hogares varios miembros debieron comer fuera del hogar (se supone que para rendir los alimentos).
1,5% de las personas consultadas intercambia sexo por alimentos.
Los más afectados
Maritza Landaeta, coordinadora de la Fundación Bengoa y del Observatorio Venezolano de Salud (OVS), explica que toda la población se ve afectada, pero añade que la inseguridad alimentaria influye de manera directa en la calidad de vida de los niños, mujeres embarazadas y los adultos mayores. Asegura que por esto «ha aumentado la mortalidad infantil con cifras altas».
Sin embargo, en el país no existen datos oficiales de distintos indicadores de salud desde el año 2016 cuando se publicó el último boletín epidemiológico. En ese entonces, la mortalidad infantil pasó entre los años 2000 a 2016 de 19,4% a 20,23% por 1.000 nacidos vivos; lo que significa un aumento de 4,3% en ese período.
Los estragos del aumento de la inseguridad alimentaria se evidencian en desnutrición aguda y crónica en menores de cinco años; lo que, detalla Landaeta, perjudica el crecimiento físico de los niños y puede llegar a afectar el desarrollo cognitivo. Entre 30% y 35% de la población infantil se encuentra en esta situación, de acuerdo con estudios de diversas organizaciones ante la ausencia de informes nacionales emitidos por las autoridades.
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