CARACAS.- «No aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió», sostuvo este miércoles, 21 de agosto, la oposición democrática de Venezuela, en un comunicado en el que exhortó a los poderes del Estado a acatar la soberanía popular expresada el 28 de julio, que eligió a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de la República para el período 2025 – 2031.
En el documento, suscrito por González Urrutia, la líder política María Corina Machado y los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país suramericano recalcó que es competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), hoy al servicio del régimen, hacer valer la decisión del pueblo manifestada en los pasado comicios presidenciales, así como «cumplir y hacer cumplir» con la Constitución y las leyes.
«La decisión del pueblo no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder», reza el comunicado opositor, en el que alertan que alertamos que el chavismo pretende «aniquilar judicialmente· la soberanía popular.
El mandato
Destacó, además, la participación ciudadana que le dio el triunfo a González Urrutia con más de siete millones de votos como la «gesta cívica más importante del siglo XXI», que abrió «las compuertas al futuro democrático de Venezuela».
«El 28 de julio de 2024, el pueblo de Venezuela habló. Ese día, con su voto, dio un mandato en claro cumplimiento del artículo 5 de nuestra Constitución: ‘La soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo. La ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos'», agregó.
TSJ usurpa funciones del CNE
La oposición mayoritaria reiteró que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que sirve de brazo judicial de la cúpula gobernante, no puede atribuirse funciones y facultades del poder electoral, que es el «órgano constitucionalmente obligado a totalizar los votos de los venezolanos y a publicar las actas de escrutinio de esos votos». Situación que, añadió, no cumplió en los lapsos previstos, vulnerando al artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).
«La Sala Electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones. De hacerlo, estaría violando el principio de separación de los Poderes Públicos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución. Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas», precisó.
En este sentido, afirmó que la eventual sentencia que pueda emitir la Sala Electoral para validar el fraude electoral que pretende imponer el régimen de Maduro, que insiste en perpetuarse en el poder, pese a haber perdido las elecciones, sería «ineficaz y nula», conforme a la Carta Magna. «Los magistrados de dicha Sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa. A tal efecto, tal y como reza el artículo 138 de nuestro texto constitucional: ‘Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos'», subrayó.
La oposición exige transparencia
La coalición opositora exigió a las instituciones venezolanos «transparencia y el cumplimiento estricto» al Estado de Derecho. «Los venezolanos conocemos los resultados electorales del 28 de julio, aunque hasta el día de hoy, más de tres semanas después de los comicios, el CNE no ha publicado los resultados y no ha cumplido con el desarrollo de pautas de verificación y control. Es inconcebible que el organismo electoral haya hecho anuncios de resultados, así como una proclamación, sin ofrecer las pruebas que nosotros sí tenemos y hemos puesto a disposición de los venezolanos y el mundo», aseveró.
Asimismo, agradeció a los países del mundo que han respaldado a oposición en su reclamo de una «auditoría internacional independiente y confiable de las actas, en la sede del CNE y con presencia de representantes de las fuerzas políticas».
«Los venezolanos debemos tener la seguridad de que Edmundo González Urrutia será reconocido como Presidente Electo de Venezuela y el 10 de enero de 2025 asumirá como Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional», enfatizó.
