Este 24 de octubre con la audiencia preparatoria se establecerá las reglas del juego del proceso probatorio, es decir, la validez y utilidad de las pruebas, un claro avance luego de numerosas incidencias irregulares en la que Uribe Vélez vio conculcados sus derechos.
“Lo que esperamos es que se den garantías. Lo que el expresidente pide es que respeten sus derechos, y no pide tenerlos más que nadie, tampoco menos que cualquiera”, afirma el penalista Jaime Granados, del equipo de la defensa de Uribe Vélez, y docente universitario.
“Es la oportunidad de que el Poder Judicial se mantenga independiente y es lo que Uribe Vélez reclama como ciudadano y quien no se ha presentado encumbrado en este juicio por haber sido en dos ocasiones presidente y el senador más votado”.
Granados espera que así se haga, luego de que el expresidente logró ganar en fecha reciente otra batalla judicial en el largo proceso que lleva más de 12 años.
Batalla por justicia
El Tribunal Superior de Bogotá dictó sentencia a favor del exmandatario al otorgarle una tutela solicitada por el equipo de abogados, tras una sorpresiva actuación: la Fiscalía no entregó las pruebas a la defensa para que pudiera crear su estrategia en tiempo prudencial. Y tampoco la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que conoce del caso, le otorgó el plazo legal de siete días para que pudiera hacer el estudio de la documentación sobre varios audios del teléfono y computador de uno de los testigos clave, Juan Guillermo Monsalve.
El juzgado superior consideró que al expresidente se le violaron los derechos al debido proceso, de defensa y contradicción, y ordenó a la juez Heredia programar una audiencia preparatoria para que la defensa pudiera solicitar las pruebas.
“La juez, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, debe programar la continuación de la audiencia preparatoria, en la cual concederá a la defensa la oportunidad de descubrir, enunciar y solicitar los medios de prueba con los que soportará su teoría del caso; así como de oponerse a las que solicitó la fiscalía, conforme con lo expuesto en las consideraciones de este fallo”, dice un extracto de la sentencia difundida en medios.
“Este fallo del Tribunal de tutela es una decisión que le devuelve a uno la confianza, la ratifica, como justicia independiente. Y fue impecable como otras del pasado, entre estas aquella en la que una juez dejó en libertad al recién renunciado senador Uribe Vélez, una decisión que fue hito y avalada por la Corte Suprema en pleno”, señala el abogado.
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AFP/ Raul Arboleda.
Manipulación de pruebas
Una de las irregularidades procesales más graves del proceso seguido al expresidente tiene que ver con la manipulación de las pruebas promovidas en poder de la fiscalía y negadas a la defensa.
Ocurrió en septiembre, relata Granados. Tras la audiencia de acusación con sus debates no se le estaba permitiendo al expresidente conocer los elementos probatorios, una compleja evidencia digital, en poder del Estado.
Se trataba de grabaciones de supuestas conversaciones entre los testigos del caso, Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, ambos presos, y Uribe Vélez. “Lo que han alegado es que este, en su condición de expresidente, senador y líder del partido opositor, en su impugnación con el senador Iván Cepeda le había enviado un abogado para un supuesto soborno a los testigos. “Sobre eso se le hicieron los cargos a Uribe Vélez sin que exista ninguna prueba de ello, porque nunca hubo contacto entre ellos, de ninguna manera”, apunta el abogado. Y destaca que ese es el tema central de lo que será el juicio en 2025.
Las pruebas se entregaron a la defensa el 30 de septiembre casi al filo de las 7:00 pm, en una audiencia, a escasas 37 horas de la audiencia del 2 de octubre a las 8:00 am. “No nos daba tiempo de conocer la información contenida en más de 894 gigas, por lo que elevamos la petición de que se nos dieran siete días para poder conocer la información, pero la juez lo negó faltando al derecho a la defensa del expresidente”.
Las grabaciones, prosigue, se volvieron un material relevante en extremo porque permitiría conocer si era verdad o mentira los ofrecimientos indebidos que alegó el testigo. Solo una de estas grabaciones fue ordenada por la Corte Suprema, pero el resto fueron obtenidas a través de “relojes espías” introducidos de manera clandestina en la cárcel donde estaban los testigos.
Durante el cotejo de pruebas, “encontramos, oh sorpresa, que esos relojes fueron manipulados, alterados y es eso lo hemos denunciado ya”.
“Pero hallamos, además, que unas conversaciones que sostuvieron el testigo Monsalve y el senador Cepeda junto a otro personaje, alias Caliche, que son utilizadas como elementos de prueba, aparecen incompletas, editadas”.
En otro procedimiento de rutina, se incautó el teléfono celular y el computador del testigo Monsalve que quedaron en poder de la Corte, pero la defensa logró tener acceso. “La fiscalía que ya había tenido acceso a esas pruebas antes, nos entregó una copia espeja de estas el 12 de septiembre, y cuando las cotejamos con las originales encontramos enormes diferencias entre unas y otras”.
“Encontramos por lo menos 77,000 archivos que habían sido borrados del computador y otros 25,000 del celular de Monsalve, en total más de 102,000 archivos de diferencia, y estamos sometiendo a proceso de análisis de los archivos borrados, pero esto claramente indica que aquí hubo una tarea que debe ser examinada con cuidado para ver su repercusión en el caso”.
Proceso en Colombia, bajo la lupa
Granados señala que ya realizaron el descubrimiento probatorio y correspondía ahora este 24 de octubre conocer la opinión fiscal.
Lo más importante en esta fase son las solicitudes probatorias de la defensa, luego de haber hecho las oposiciones a las solicitudes de la fiscalía, indica.
«Si la fiscalía se opone o no, y al final la juez que preside el caso tendrá que dictar el auto que decida las reglas del juego en el juicio, y que seguramente será objeto de apelación”, dice.
Las incidencias irregulares con las pruebas son consideradas en el ambiente judicial colombiano tan graves que pudieran propiciar la recusación de la juez, para que no siga conociendo del caso incluso antes del juicio.
Sin embargo, el abogado prefiere no anticipar criterios y esperar la continuación del proceso en la audiencia que puede llevarse a cabo hasta el 31 de octubre.
“Todavía hay un largo camino por recorrer. Es una etapa importantísima, porque ya hay un trabajo previo hecho y nada se va a inventar para que pueda encaminarse a feliz término”.
Lo que sigue ahora, afirma, es esperar las resultas del proceso. “Hemos sido siempre respetuosos y prudentes, y Álvaro Uribe Vélez necesita como cualquier ciudadano un juicio justo y esto implica un juez imparcial”, afirma.
FUENTE: Entrevista al abogado Jaime Granados, defensor de Álvaro Uribe Vélez
