Foto: Acceso a la Justicia
En un contexto de emergencia humanitaria compleja y violación generalizada de derechos humanos como el venezolano, las mujeres, adolescentes y niñas que habitan en Venezuela ven restringido su acceso a la justicia, dado que la actuación del sistema judicial no garantiza su derecho a una vida libre de violencia como exige el marco legislativo.
Lo anterior queda evidenciado en la investigación de la ONG Acceso a la Justicia Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela: historia de otro fracaso del Poder Judicial, publicada en 2021, así como su libro homónimo de 2022, en la que destaca cómo las sentencias de los tribunales a menudo no cumplen con el propósito de la normativa vigente en la materia, en particular, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El informe actualizado Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela: historia de otro fracaso del Poder Judicial (2018-2022), extendió el estudio de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hasta 2022, así como de las decisiones de los tribunales de instancia en esos casos (en la medida en que está disponible esa información), y revela cómo las denunciantes suelen ser revictimizadas en el proceso judicial, ya que se verifican prácticas que no solo perpetúan el ciclo de violencia, sino que también desalientan a las víctimas a buscar justicia.
En un país donde organizaciones no gubernamentales han denunciado la ocurrencia de 282 femicidios consumados y 120 más en grado de frustración solo durante el año 2022, debería existir un compromiso por parte del Estado de incluir en su actuación la perspectiva de género. Por el contrario, las víctimas encuentran un sistema que insiste en prácticas como el retardo judicial, que prolonga los procesos y no solo niega justicia, sino que también contribuye a una sensación de impunidad entre los perpetradores. Este factor es particularmente preocupante, pues la violencia de género se está transformando paulatinamente en una crisis endémica.
Justicia en datos
El número total de sentencias de la Sala de Casación Penal (SCP) en el período analizado en nuestra investigación, 2018-2022, es mucho menor al de la Sala Constitucional (SC), pero el porcentaje de decisiones sobre violencia contra la mujer en la SCP es mucho mayor que en la SC. Esto tiene sentido debido a que se trata de un tema de índole penal y que la SC se ocupa de muchos más temas y no solo de la materia penal.
Si se suman las sentencias que ambas Salas tienen en materia de violencia contra la mujer, se observa que durante los últimos 5 años suman un total 5.276 decisiones entre ambas Salas, de las que hay 306 sentencias en materia de violencia contra la mujer, lo que representa apenas el 5,80 % del total.
A esto se añade que tanto el avocamiento como la radicación tienen una amplia presencia en el TSJ, cuando deberían ser excepcionales por su naturaleza, lo que pone de manifiesto su escasa confianza en los tribunales de instancia.
Adicionalmente, la mayoría de las decisiones analizadas en la investigación realizada, correspondientes al período 2018-2022, tanto de la SC como de la SCP, están vinculadas a asuntos de mero trámite o incumplimiento de formalidades, lo que sugiere una limitada atención a los temas sustantivos relacionados con la violencia contra la mujer.
Así, al analizar en la SC los años 2021 y 2022, que son los que son objeto de esta actualización, vemos que, de manera similar a los años anteriormente analizados, en 2021 el 62 % de las decisiones fueron de mero trámite o estuvieron relacionadas con el cumplimiento de requisitos, lo que supone que un elevado número de fallos en realidad se limita a resolver temas procesales y no sustantivos en materia de violencia contra la mujer. En 2022 esta situación empeoró al llegar a un 76 % de las sentencias sobre este ámbito, evidenciando que el mandato del artículo 257 de la Constitución que señala que «No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales», no se cumple. Lo mismo puede decirse de las decisiones en materia de violencia contra la mujer de la SCP, pues en el año 2021 60 % solo versaron sobre aspectos procesales o formalidades, elevándose tal cifra a 62 % en 2022.
Lo anterior hace que apenas 19 sentencias del total de las sentencias analizadas entre 2022 y 2023 de ambas Salas en materia de violencia contra la mujer, contengan temas relevantes y sustantivos, aunque no necesariamente novedosos, pues en muchos casos se trata de la confirmación de criterios ya establecidos o de una interpretación legal ya hecha previamente.
Adicionalmente, la investigación realizada por Acceso a la Justicia muestra que con frecuencia los tribunales de instancia se niegan a conocer de casos que caen dentro de la competencia de la ley, lo que dilata por años los procesos judiciales; no aplican el principio de transversalidad, pues se limitan a ver los casos desde una óptica estrecha; o toman decisiones netamente formalistas que no protegen a las víctimas de su agresor.
Sentencias que desnaturalizan el proceso judicial
En la mayoría de los casos analizados se evidencia un patrón de revictimización de las mujeres que buscan justicia. Ello sucede cuando, en lugar de recibir apoyo y protección, estas se enfrentan a un sistema judicial que las expone a más trauma y sufrimiento. En este sentido, en nuestra investigación se evidencia la falta de sensibilidad hacia las circunstancias de las víctimas, o el escrutinio desproporcionado de su carácter y antecedentes. La revictimización no solo agrava el trauma de las víctimas, sino que también puede disuadir a otras mujeres de denunciar incidentes de violencia.
Otra grave violación a los derechos de la mujer se da cuando hay retardo judicial. En casos de violencia de género, el tiempo es un factor crítico. Los retrasos prolongan la angustia de las víctimas y pueden poner en peligro su seguridad física y psicológica. Además, la demora en los procesos judiciales contribuye a la impunidad, ya que puede llevar a la pérdida de pruebas o al desánimo de continuar con el proceso.
El sistema judicial venezolano también incurre en la omisión de elementos esenciales en los procedimientos, estos van desde la falta de consideración de pruebas clave, la omisión de testimonios importantes, hasta la negligencia en seguir los protocolos establecidos para los casos de violencia de género. Estas omisiones no solo son contraproducentes para alcanzar una sentencia justa, sino que también indican falta de rigurosidad y sensibilidad en el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer.
Estas prácticas no solo afectan a las víctimas individuales, sino que también tienen un impacto negativo en la confianza general en el sistema judicial. Cuando las mujeres perciben que el sistema está sesgado en su contra o que no se toman en serio sus casos, se genera una desconfianza generalizada. Esto, a su vez, perpetúa el ciclo de violencia y discriminación, socavando los esfuerzos para lograr la igualdad de género y el respeto por los derechos humanos.
El informe también evidencia la importancia de incluir la perspectiva de género en las sentencias, enfatizando que su incorporación no es solo un asunto de mujeres, sino un compromiso para el cumplimiento de su derecho a la igualdad y a la no discriminación. El avance legislativo en materia de género ha sido superior a las acciones del Poder Judicial, lo que indica la necesidad de una mayor aplicación y reconocimiento de las leyes contra la discriminación y la violencia contra la mujer.
Y a ti venezolana, ¿cómo te afecta?
Es imperativo que el sistema judicial venezolano adopte medidas concretas para abordar las violaciones de los derechos de la mujer, en particular cuando hay violencia, garantizando así un acceso justo y equitativo a la justicia para las víctimas de violencia de género.
La investigación realizada por Acceso a la Justicia sobre las sentencias del TSJ en el periodo 2018-2022 denota la necesidad de incorporar en el sistema de justicia venezolano un enfoque diferenciado que garantice de manera efectiva el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a vivir una vida libre de violencia.
Más allá de asumir la lucha por la igualdad de género en consignas, es urgente la implementación de un sistema de justicia que proteja realmente el derecho a las mujeres en Venezuela y las provea de atención sensibilizada y de calidad. /Nota de Prensa
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